El zumbido que empezó en agosto
La primera medición con sonómetro homologado la hizo Sonocontrol el 2 de septiembre a las 2:40.
El resultado fue de 47,3 decibelios en el dormitorio principal del cuarto piso, cuando el límite legal nocturno en zona residencial es de 30, y se repitió tres noches seguidas con valores casi idénticos.
Nadie del edificio recuerda haber firmado nada.
El centro de transformación lleva ahí desde 1998, pero hasta julio funcionaba con dos transformadores de 630 kilovoltiamperios, que la empresa sustituyó el 28 de julio por otro de 1.000 kVA dentro de un plan de refuerzo de la red para absorber la nueva demanda de climatización del barrio, de modo que desde entonces el zumbido no para.
«Antes era un ruido de fondo, como una nevera lejana. Ahora es una cosa que te taladra», explica Marta Benito, de 61 años, que lleva 34 viviendo en el bloque. Su hija pequeña, que duerme en la habitación contigua al patio, empezó a usar tapones en agosto. La comunidad ha recogido 63 firmas de los 72 vecinos censados.
La asociación vecinal Zurguén-Garrido presentó el 8 de septiembre un escrito en el Ayuntamiento de Salamanca solicitando una inspección acústica. El Consistorio respondió nueve días después que la competencia sancionadora corresponde a la Junta de Castilla y León por tratarse de una instalación de distribución eléctrica, según el escrito al que ha tenido acceso este periódico.
Quién mide y quién calla
La Consejería de Medio Ambiente confirmó a Forthgogenx que el expediente se encuentra en fase de «verificación de los valores medidos por la empresa». Fuentes del servicio territorial de Industria y Energía admiten que el caso no es único. En los últimos dieciocho meses han recibido once reclamaciones por transformadores ruidosos en la capital, cuatro de ellas en Garrido.
El reglamento de calidad acústica de Castilla y León fija en 30 decibelios el umbral nocturno para equipos de transformación con más de veinte años de servicio, y el ingeniero industrial Andrés Corral señala que la norma «permite una tolerancia de cinco decibelios si la instalación es anterior al año 2000, y casi todos los centros de este barrio lo son», lo que convierte los 47,3 medidos en un incumplimiento claro pero obliga a repetir la medición en condiciones normalizadas que la empresa puede retrasar semanas.
Iberdrola declara que el transformador «cumple la normativa vigente». La compañía ha encargado un estudio acústico independiente cuyos resultados no estarán antes de noviembre y ofrece, mientras tanto, instalar una pantalla fonoabsorbente en el patio si la comunidad autoriza la obra. La comunidad ya ha dicho que no.
El atasco administrativo
El 17 de septiembre, la Junta trasladó el expediente al Ayuntamiento para que emitiera informe sobre la licencia de funcionamiento original del centro.
El Ayuntamiento, a su vez, pidió a Iberdrola el proyecto de reforma presentado en 2024. Ese documento, según fuentes municipales, no incluye medición acústica previa ni posterior. Es decir: la empresa cambió la máquina sin evaluar el impacto sonoro.
«Tenemos un problema de competencias que se ha convertido en un laberinto», resume la concejala de Urbanismo, Pilar Gutiérrez. Gutiérrez asegura que el Consistorio «no puede precintar un transformador que da servicio a 340 viviendas» y reclama a la Junta una instrucción única para casos similares. La Junta, por su parte, remite al reglamento autonómico de 2011, que no ha sido actualizado desde entonces.
Mientras las administraciones se pasan el expediente, los vecinos han contratado a un abogado. La comunidad del número 8 y otras tres fincas de la calle Joaquín Rodrigo han presentado una reclamación conjunta por la vía civil contra Iberdrola por daños y perjuicios, valorada en 18.400 euros hasta la fecha por gastos de sonómetro, abogado y noches de hotel de dos familias.
El caso tiene un precedente cercano. En 2023, un juzgado de lo contencioso de Valladolid condenó a una distribuidora a indemnizar con 9.700 euros a los vecinos de un edificio del barrio de Delicias por un transformador que superaba los límites nocturnos. La sentencia tardó tres años en ejecutarse.
La vida a 47 decibelios
Lo que más ha cambiado no es el sueño. Es la convivencia. En el bloque hay tres bebés menores de dos años y dos personas mayores con problemas de corazón, y la comunidad ha dejado de usar el patio interior para tender la ropa porque, dicen, «el zumbido se queda pegado a las sábanas», mientras las reuniones de vecinos se han trasladado al portal porque en el salón comunitario no se puede hablar sin alzar la voz.
Ana Belén Prieto, de 38 años, teletrabaja desde marzo como administrativa. «Tengo el micrófono con cancelación de ruido y aun así mis compañeros me preguntan qué es ese zumbido», cuenta. Ha pedido el cambio a la oficina de la empresa en Madrid, en el paseo de la Castellana, y está en lista de espera. Si se va, su familia dejará el barrio después de doce años.
Los comercios de la zona también notan el efecto. La panadería de la esquina de la avenida de los Cipreses, abierta desde 1987, ha perdido clientes de desayuno entre semana, según su propietario, Emilio Sánchez, que calcula una caída del 12% en la facturación de septiembre respecto al mismo mes de 2025 porque «la gente que viene a las siete de la mañana a por el pan no quiere sentarse en la terraza con ese ruido».
El Colegio Público Filiberto Villalobos, a 180 metros del transformador, no ha presentado queja formal. Su director, Manuel Orejudo, explica que las aulas dan al patio opuesto y que las mediciones en el interior del centro no superan los 28 decibelios. «Si llegara a afectar al aula de música, sería otro asunto», admite.
Lo que piden y lo que ofrecen
La plataforma vecinal ha registrado 63 firmas y una solicitud formal con tres puntos: medición independiente a cargo del Ayuntamiento, traslado del transformador al exterior del bloque y, si no hay traslado, indemnización por daño acústico continuado. El texto se presentó el 19 de septiembre en el registro del Consistorio, en la plaza Mayor.
Iberdrola ha contraofertado con la instalación de una pantalla acústica de 4,2 metros de altura que, según sus cálculos, reduciría el ruido cinco decibelios, pero no se compromete al traslado porque, argumenta, requeriría una nueva línea de media tensión por la calle Joaquín Rodrigo y una inversión de unos 140.000 euros. La comunidad rechaza la pantalla porque ocuparía la única zona verde del patio.
El Ayuntamiento ha convocado para el 6 de octubre una mesa técnica con Junta, empresa y vecinos. Es la primera vez en dos meses que las cuatro partes se sientan juntas. La concejala Gutiérrez no garantiza resultados, pero asegura que el Consistorio llevará a la reunión las mediciones de Sonocontrol y un informe jurídico sobre la tolerancia de cinco decibelios.
Los vecinos, mientras, siguen grabando cada noche. Tienen 21 archivos de audio desde el 14 de septiembre. El último, de las 2:18 del 20 de septiembre, dura catorce minutos y el zumbido no se interrumpe ni un segundo. «Si la mesa del 6 de octubre no sirve, iremos a los tribunales», dice Marta Benito. «Pero antes queremos que vengan aquí, a las tres de la mañana, y lo escuchen ellos.»
